Ganadores y ganadoras 2026
Defensor o Defensora del Año
Yuly Andrea Velásquez Briceño.
La guardiana del Magdalena Medio.
Yuly Andrea Velásquez, es una mujer anfibia, creció a orillas del río Magdalena, en la ciénaga de San Silvestre, Barrancabermeja, hija de una familia de pescadores artesanales. Su vida y vocación han estado ligadas a las corrientes del río Magdalena. Es ingeniera ambiental y presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN), ha transformado las canoas de la región en laboratorios móviles de monitoreo comunitario. Desde allí documenta vertimientos ilegales, mortandad de peces y derrames petroleros que amenazan la soberanía alimentaria de más de 500 familias, combinando el saber ancestral de las comunidades ribereñas con el rigor técnico para exigir justicia ambiental y defender el agua como un bien común.
En un territorio rodeado por presiones industriales y actores armados, Yuly ha sobrevivido a 3 atentados, desplazamientos y constantes amenazas. Sin embargo, ni las balas ni el miedo han frenado su voz. A través del litigio estratégico y la veeduría comunitaria, ha logrado fallos judiciales históricos para obligar a grandes industrias y al Estado a sanear los cuerpos de agua contaminados.
Yuly encarna un activismo colectivo y con profundo enfoque de género. Su labor al frente de FEDEPESAN ha visibilizado el rol clave de las mujeres en la soberanía alimentaria y la protección de los ecosistemas, al tiempo que fomenta programas de turismo agroecológico y educación ambiental entre las viejas y nuevas generaciones de pescadores. Su liderazgo se consolida como un símbolo inquebrantable de resistencia, dignidad y esperanza ecológica en el corazón del Magdalena Medio.
Proceso Comunitario de Base
Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Mujeres del CRIC: Tres décadas de resistencia, sanación y cuidados
El proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emerge como una fuerza de resistencia y sanación comunitaria que nació por mandato en el IX Congreso de Corinto en 1993, bajo la primera coordinación de la mayora Uva Homaida Medina. Surge para visibilizar y erradicar las violencias sistémicas e intrafamiliares contra niñas y mujeres indígenas, consolidando en más de tres décadas de trayectoria organizativa una misión enfocada en la protección integral, la garantía de una vida libre de violencias y el empoderamiento político de lideresas en las diez zonas y once pueblos indígenas del Cauca. Su visión articula el fortalecimiento territorial sin perder de vista a la familia como eje central y responsabilidad colectiva, mediante la investigación, la formación, el ámbito político-organizativo y la administración con asambleas regionales rotativas cada dos años.
En un contexto fuertemente marcado por la presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito y graves riesgos como amenazas, desplazamiento, reclutamiento forzado y feminicidios, las Mujeres CRIC han respondido tejiendo estrategias desde el saber ancestral y la innovación social. Entre sus apuestas principales destacan un Observatorio de Violencias Basadas en Género, que analiza los impactos físicos, emocionales y espirituales del conflicto en los cuerpos de las mujeres y la implementación de la Política de Cuidado de Mujeres CRIC. Esta política territorializa cuatro caminos fundamentales: atención a sobrevivientes de violencia, empoderamiento económico, valorización de la familia desde el fogón y la construcción de la paz o el buen vivir.
A través de escuelas de formación, diplomados sobre herramientas psicoculturales y un Plan de Seguridad Ancestral, las mujeres convierten la tulpa y los palabreos en espacios seguros para la protección, la transmisión de conocimientos de los mayores y el cuidado colectivo. Su labor entiende el cuerpo de la mujer como el primer territorio a defender y sanar, empleando las plantas medicinales y la sabiduría comunitaria como hilos conductores de autocuidado. Las Mujeres CRIC se reafirma como un pilar imprescindible para la justicia de género, los derechos étnico-ambientales y el tejido social en el suroccidente colombiano.
Organización Social y ONG
Corporación Jurídica Libertad.
Corporación Jurídica Libertad: tres décadas tejiendo justicia, dignidad y memoria
Durante más de treinta años, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa integral de los derechos humanos, la justicia ambiental y la construcción de paz con justicia social en los territorios más golpeados por el conflicto en Antioquia y Chocó. Con un enfoque multidimensional que entrelaza el litigio estratégico, la formación comunitaria, la contención psicosocial y la comunicación popular, su labor abarca la representación de 380 casos individuales y colectivos que visibilizan el dolor de aproximadamente 900 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la lucha contra la impunidad en sitios emblemáticos de desaparición forzada como La Escombrera o La Esperanza y el acompañamiento constante a liderazgos ambientales que protegen el territorio ante la presión de megaproyectos.
El impacto de su compromiso ha trascendido las fronteras nacionales y ha sentado precedentes históricos en el derecho internacional. Además de impulsar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de campesinos de La Esperanza, en 2023 la CJL promovió una querella ante la justicia federal argentina bajo el principio de jurisdicción universal para investigar crímenes de lesa humanidad en Colombia, ampliando los caminos para la justicia cuando persisten barreras internas. De igual manera, su articulación en iniciativas como la campaña: ¿Dónde Están? influyó decisivamente para que el Estado colombiano reconociera la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, mientras que su trabajo técnico con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha logrado proteger 17 sitios de presunta inhumación a nivel regional y nacional.
Su trabajo en contra de la impunidad ha implicado asumir riesgos extraordinarios. A lo largo de su historia, el equipo de la CJL ha enfrentado hostigamientos, amenazas de muerte, inteligencia ilegal, montajes judiciales y estigmatización constante por parte de actores armados y sectores de poder político. Pese a operar en escenarios territoriales hostiles, marcados por la presencia de grupos al margen de la ley y por doctrinas que buscan criminalizar la protesta y la labor de la defensa de los derechos humanos, la Corporación Jurídica Libertad continúa firme en su misión, siendo un símbolo de valentía en defensa de la vida.
Defensora a Toda una Vida
María Bernarda Pabón Rosero.
María Pabón: Cuatro décadas de pedagogía, tierra y resistencia popular
Con 60 años de edad y cerca de cuatro décadas dedicadas al activismo, María Pabón encarna la esencia del liderazgo comunitario en el Valle del Cauca. Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos comenzó en la década de 1980 desde las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación, un camino marcado tempranamente por la persecución al ser víctima de detención arbitraria y tortura estatal durante sus años universitarios. Lejos de amedrentarse, en 1989 fundó el Centro Cultural Comunitario Las Colinas (CECUCOL), una organización de educación popular que convirtió la Comuna 18 de Cali en un refugio de dignidad para familias e infancias desplazadas por el conflicto armado, promoviendo los derechos de la niñez y la gestión comunitaria del agua digna.
Su perfil se consolidó tanto en los sectores urbanos marginados como en la ruralidad vallecaucana. Como vocera política de la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, Bernarda transformó las exigencias sociales en logros históricos, liderando la entrega de 1.042 hectáreas de tierras incautadas al narcotráfico en Cerrito y Zarzal a más de 480 familias campesinas víctimas del desplazamiento. Su bagaje organizativo la llevó también a la función pública en los primeros meses de 2026 como coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en el departamento, así como a incidir en informes alternos para el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Conocida afectuosamente como «La Profe» por las generaciones de líderes que ha formado, su coherencia ética y su voz crítica ante los poderes establecidos le han significado un alto costo de vulnerabilidad. Ha sobrevivido al hostigamiento paramilitar de los noventa, que incluyó un intento de secuestro a sus hijos, a la criminalización mediática y a recientes amedrentamientos por parte de testaferros e identidades armadas ilegales en 2025 y 2026. Pese a las constantes amenazas en un territorio disputado por grupos armados, su principal blindaje continúa siendo la red comunitaria que ayudó a tejer.
