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Categoría: Defensor o Defensora del Año:
Aquella persona que por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo de la defensa de derechos humanos. La denominación se refiere a trabajos destacados, realizados por una persona, durante el último año.
Nominada: Maria Antonia Caicedo Angulo
Veintiséis años hilando dignidad y resistencia.
María Caicedo, es afrocolombiana y se ha dedicado a defender la vida y la dignidad. Su trayectoria de más de 26 años encarna una resistencia inquebrantable desde el territorio, siendo víctima del conflicto armado y persona con discapacidad múltiple, convirtió sus propias vivencias de dolor en una causa colectiva por la justicia social. A través de iniciativas como la Fundación Afrocolombiana Paciamancao y Funvica, ha liderado un trabajo enfocado en la formación en derechos humanos, la erradicación del racismo estructural, la prevención de violencias de género y la protección de la niñez frente al reclutamiento forzado mediante el arte y la educación popular.
A lo largo de estas casi tres décadas de liderazgo continuo, su impacto organizativo e incidencia institucional han sido trascendentales. Caicedo logró el reconocimiento formal de Paciamancao por parte del Ministerio del Interior como expresión organizativa y organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera. Impulsó acciones emblemáticas como la maratón de baile «No Me AcoseM» y consolidó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la defensa del territorio. Su labor combina el rescate de saberes ancestrales con el uso estratégico de herramientas constitucionales, construyendo puentes entre las comunidades y el Estado para exigir el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales.
Mantenerse firme durante 26 años en la primera línea de la defensa de los derechos humanos ha tenido un costo desgarrador. Caicedo ha sobrevivido al secuestro, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento, así como a un recrudecimiento del riesgo en los últimos años que incluye atentados armados e intentos de secuestro recientementes. Pese a las secuelas físicas y al constante hostigamiento judicial y de grupos armados, María sigue ejerciendo su trabajo comunitario, demostrando que sus más de dos décadas de convicción ética son una fuerza indestructible al servicio de la paz, la prevención de violencias y la equidad.
Nominada: Yirley Yudith Velasco Garrido
Valentía transformadora en los Montes de Maria.
Yirley Velasco fue sobreviviente de violencia sexual de la masacre de El Salado, ha transformado el dolor personal en un motor de resistencia y dignidad colectiva. Es la Representante Legal de la organización Mujeres Sembrando Vida. Su labor impacta directamente a unas 600 mujeres, niñas y adolescentes mediante estrategias itinerantes de educación popular, soberanía corporal, sanación, iniciativas pedagógicas para la orientación en salud sexual y reproductiva en escuelas rurales, así como muestras de arte-resistencia, caravanas y movilizaciones de retorno simbólico que combaten el estigma y exigen una vida libre de violencias.
Yirley ha logrado tender puentes con instituciones locales, organizaciones internacionales y representaciones diplomáticas para sensibilizar sobre la situación de la niñez y las mujeres. Su labor se caracteriza por un enfoque profundamente interseccional e incluyente, abarcando desde la asistencia humanitaria a mujeres privadas de la libertad hasta el acompañamiento visible a la comunidad LBTIQ+.
Sin embargo, tejer dignidad en un territorio hostil ha significado vivir bajo un riesgo estructural y constante. Víctima de un patrón sistemático de amenazas de muerte, hostigamientos, represalias contra su familia e intentos de deslegitimación por parte de actores armados y sectores institucionales, ella persiste en un contexto marcado por la desprotección y la disputas territoriales. Su voz se alza hoy como un símbolo incansable de justicia, autocuidado comunitario y construcción de paz desde el feminismo popular.
Nominada: Yuly Andrea Velásquez
La guardiana del Magdalena Medio.
Yuly Andrea Velásquez, es una mujer anfibia, creció a orillas del río Magdalena, en la ciénaga de San Silvestre, Barrancabermeja, hija de una familia de pescadores artesanales. Su vida y vocación han estado ligadas a las corrientes del río Magdalena. Es ingeniera ambiental y presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (FEDEPESAN), ha transformado las canoas de la región en laboratorios móviles de monitoreo comunitario. Desde allí documenta vertimientos ilegales, mortandad de peces y derrames petroleros que amenazan la soberanía alimentaria de más de 500 familias, combinando el saber ancestral de las comunidades ribereñas con el rigor técnico para exigir justicia ambiental y defender el agua como un bien común.
En un territorio rodeado por presiones industriales y actores armados, Yuly ha sobrevivido a 3 atentados, desplazamientos y constantes amenazas. Sin embargo, ni las balas ni el miedo han frenado su voz. A través del litigio estratégico y la veeduría comunitaria, ha logrado fallos judiciales históricos para obligar a grandes industrias y al Estado a sanear los cuerpos de agua contaminados.
Yuly encarna un activismo colectivo y con profundo enfoque de género. Su labor al frente de FEDEPESAN ha visibilizado el rol clave de las mujeres en la soberanía alimentaria y la protección de los ecosistemas, al tiempo que fomenta programas de turismo agroecológico y educación ambiental entre las viejas y nuevas generaciones de pescadores. Su liderazgo se consolida como un símbolo inquebrantable de resistencia, dignidad y esperanza ecológica en el corazón del Magdalena Medio.
Experiencia o proceso colectivo del año:
Aquella experiencia colectiva que se destaque por su trabajo de defensa de derechos humanos desarrollado en el último año en dos modalidades. Se entregarán, por tanto, dos premios en esta categoría: uno a procesos sociales de base y comunitarios y otro a ONGs.
Nominado: Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
Mujeres del CRIC: Tres décadas de resistencia, sanación y cuidados
El proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emerge como una fuerza de resistencia y sanación comunitaria que nació por mandato en el IX Congreso de Corinto en 1993, bajo la primera coordinación de la mayora Uva Homaida Medina. Surge para visibilizar y erradicar las violencias sistémicas e intrafamiliares contra niñas y mujeres indígenas, consolidando en más de tres décadas de trayectoria organizativa una misión enfocada en la protección integral, la garantía de una vida libre de violencias y el empoderamiento político de lideresas en las diez zonas y once pueblos indígenas del Cauca. Su visión articula el fortalecimiento territorial sin perder de vista a la familia como eje central y responsabilidad colectiva, mediante la investigación, la formación, el ámbito político-organizativo y la administración con asambleas regionales rotativas cada dos años.
En un contexto fuertemente marcado por la presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito y graves riesgos como amenazas, desplazamiento, reclutamiento forzado y feminicidios, las Mujeres CRIC han respondido tejiendo estrategias desde el saber ancestral y la innovación social. Entre sus apuestas principales destacan un Observatorio de Violencias Basadas en Género, que analiza los impactos físicos, emocionales y espirituales del conflicto en los cuerpos de las mujeres y la implementación de la Política de Cuidado de Mujeres CRIC. Esta política territorializa cuatro caminos fundamentales: atención a sobrevivientes de violencia, empoderamiento económico, valorización de la familia desde el fogón y la construcción de la paz o el buen vivir.
A través de escuelas de formación, diplomados sobre herramientas psicoculturales y un Plan de Seguridad Ancestral, las mujeres convierten la tulpa y los palabreos en espacios seguros para la protección, la transmisión de conocimientos de los mayores y el cuidado colectivo. Su labor entiende el cuerpo de la mujer como el primer territorio a defender y sanar, empleando las plantas medicinales y la sabiduría comunitaria como hilos conductores de autocuidado. Las Mujeres CRIC se reafirma como un pilar imprescindible para la justicia de género, los derechos étnico-ambientales y el tejido social en el suroccidente colombiano.
Nominada: Semillas Guardia Indígena- Luuçx Kiwe Thegna
Los pequeños guardianes del Cauca
En el corazón del Norte del Cauca, donde la persistencia del conflicto armado y el flagelo del reclutamiento forzado amenazan a las nuevas generaciones, registrando la alarmante cifra de un menor reclutado cada dos días desde 2019, nace Semillas de Guardia Indígena – Luuçx Kiwe Thegna. Esta iniciativa del pueblo Nasa, impulsada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Çxhab Wala Kiwe – ACIN), articula a más de mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes en torno a un espacio seguro, para la construcción de paz y la resistencia civil no violenta desde la infancia.
El núcleo de este movimiento radica en su profundo tejido comunitario, el cual involucra activamente a las familias, a la guardia adulta, a sabios ancestrales y dinamizadores voluntarios que acompañan a las semillas en 19 territorios. A través de encuentros periódicos, el proceso educa y sensibiliza mediante cuatro pilares fundamentales: la formación político-organizativa e histórica; la defensa de la vida y la Madre Tierra mediante recorridos por sitios sagrados y reforestación; el rescate de la ritualidad, la cultura y las artes; y la pedagogía en valores, convivencia e identidad organizativa. Este aprendizaje colectivo trasciende las fronteras locales mediante intercambios regionales e internacionales, como su gira por Suiza, Bélgica y España en 2026, fortaleciendo el arraigo cultural frente a la violencia.
A pesar de operar bajo constantes amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados que ven en la educación comunitaria un obstáculo para su estrategia de guerra, así como frente a estigmatizaciones mediáticas, Luuçx Kiwe Thegna se consolida como una alternativa de vida autogestionada. Al entrelazar la protección territorial con el cuidado de la infancia, la comunidad Nasa demuestra que la defensa de los derechos humanos y el territorio no solo se hereda, sino que se cultiva activamente desde la niñez para garantizar la pervivencia física y cultural de su pueblo.
Nominada: Tribunal de Siloé
El Tribunal Popular de Siloé: la respuesta comunitaria que transformó la memoria y la justicia en Cali
En la Comuna 20 de Cali, históricamente marginada, el Tribunal Popular en Siloé (TPS) emergió como una respuesta colectiva y autónoma frente a la violencia estatal ejercida durante el Paro Nacional de 2021. Ante la lentitud de los canales institucionales y la impunidad, el proceso impulsó una investigación comunitaria, que documentó de forma rigurosa 159 casos de homicidios, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias. Sustentado en la autodeterminación, el acompañamiento mutuo y la autogestión, el TPS dio origen a la Sentencia Popular junto a 14 magistrados internacionales, consolidando la Escuela Popular sobre Memoria, Justicia y Dignidad, demostrando que los territorios no solo sufren la violencia, sino que actúan como protagonistas activos en la búsqueda de la verdad.
A través de un enfoque integral, el movimiento ha resignificado los espacios urbanos marcados por el dolor mediante la siembra del Jardín de la Vida y la Memoria, actos simbólicos mensuales, cartografías comunitarias y productos pedagógicos como el libro Tribunal Popular en Siloé: Conmemorar, dignificar y resistir y un documental del mismo nombre. Su labor ha servido para desmontar las narrativas de estigmatización que criminalizaron a los jóvenes y manifestantes, posicionando la experiencia local en plataformas de incidencia política local, nacional e internacional, incluyendo articulaciones con las Madres de Plaza de Mayo en Argentina y organismos multilaterales de derechos humanos.
Esta exigencia continua de justicia se ha sostenido bajo condiciones de alto riesgo para sus participantes, marcadas por amenazas directas de grupos armados al margen de la ley, panfletos, intimidación y constantes patrones de hostigamiento por parte de integrantes de la Fuerza Pública. A pesar de la persistente impunidad jurídica y la revictimización diaria, el Tribunal Popular en Siloé se erige como una red indivisible de cuidado colectivo, erigiéndose en un referente regional e internacional de cómo la dignidad comunitaria puede transformar la búsqueda de la verdad en una herramienta indeleble de paz, memoria y resistencia.
Organización Social - ONG
Organizaciones independientes, formales y legalmente constituidas, que acompañan iniciativas vinculadas a procesos sociales en promoción y defensa de derechos humanos.
Nominado: Asociación Departamental de Mujeres Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo
Tejedoras de Vida: El florecer de las mujeres y la defensa de la Amazonia
Durante más de dos décadas, la Asociación Departamental de Mujeres Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo ha liderado una profunda transformación social en el sur de Colombia. Surgida en un territorio fuertemente impactado por el conflicto armado, las economías ilícitas y disputas territoriales en una frontera compartida con tres países, la organización ha logrado articular a unas 65 organizaciones comunitarias a lo largo de los trece municipios del departamento. Este movimiento ha transformado a mujeres víctimas de la violencia y la exclusión histórica en lideresas, defensoras de derechos humanos, promotoras de paz y guardianas del territorio amazónico.
El impacto de la Alianza abarca una estrategia integral que combina la prevención de violencias basadas en género mediante campañas como «No estás sola», el acompañamiento psicosocial y jurídico y la promoción de la autonomía económica a través de programas como Mujeres que Transforman. A nivel de incidencia política, la organización fue un actor determinante en la formulación e implementación de la Política Pública Departamental de Mujeres y Equidad de Género del Putumayo. Además, ha extendido su campo de acción hacia la justicia ambiental y climática a través del colectivo Guardianas del Agua y la Escuela Intercultural de Justicia Ambiental, enfrentando activamente la deforestación y la minería ilegal en zonas clave como la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
Esta labor de alta visibilidad ha expuesto a sus integrantes a constantes amenazas, intimidaciones y riesgos derivados del contexto sociopolítico de la región. La gravedad de estas circunstancias motivó la asignación de un esquema colectivo de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, así como el desarrollo de protocolos internos de autoprotección y redes comunitarias de cuidado. La Alianza Tejedoras de Vida se consolida hoy como un referente icónico de resistencia, ecofeminismo y defensa integral de la vida y la Amazonia.
Nominado: Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA
SIEMBRA: en defensa del territorio
El Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA ha consolidado un modelo al transformar los conflictos socioambientales locales en debates sobre justicia ambiental y derechos humanos. Lejos de limitarse al litigio en los tribunales, la organización despliega un acompañamiento de largo plazo que entrelaza la asesoría legal, la investigación rigurosa, el fortalecimiento comunitario y la comunicación pública. Su experiencia le ha permitido tender puentes clave entre las exigencias étnicas o campesinas de las regiones y las altas esferas donde se definen las políticas públicas del país y las normativas internacionales.
A lo largo de su trayectoria, SIEMBRA. Destaca su labor como apoderados del Cuerpo Colegiado de Guardianes del Río Atrato en la implementación de la Sentencia T-622 de 2016, manteniendo vivo el mandato que reconoció al río como sujeto de derechos. Asimismo, blindó jurídicamente la consulta popular campesina de Cajamarca contra el megaproyecto minero La Colosa, expuso las fallas regulatorias del proyecto El Roble en El Carmen de Atrato logrando que se ordenara el pago de más de 80.000 millones de pesos en regalías, e impulsó la ampliación en más del 60 % de la Zona Especial de Pesca Artesanal en el Pacífico chocoano.
SIEMBRA ha impulsado la creación de escuelas campesinas, iniciativas juveniles como la Red Interétnica de Jóvenes Guardianes del Río Atrato. Igualmente, su liderazgo ha sido decisivo al respaldar el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental y al promover en 2025 el primer proyecto de ley sobre Empresas y Derechos Humanos en el país. Este trabajo constante ha recibido reconocimientos de la Cancillería de Colombia y la Embajada Británica, consolidando a SIEMBRA como una organización de referencia que demuestra que la defensa de la naturaleza es, en esencia, la salvaguarda de la vida y la dignidad humana.
Nominado: Corporación Jurídica Libertad
Corporación Jurídica Libertad: tres décadas tejiendo justicia, dignidad y memoria
Durante más de treinta años, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa integral de los derechos humanos, la justicia ambiental y la construcción de paz con justicia social en los territorios más golpeados por el conflicto en Antioquia y Chocó. Con un enfoque multidimensional que entrelaza el litigio estratégico, la formación comunitaria, la contención psicosocial y la comunicación popular, su labor abarca la representación de 380 casos individuales y colectivos que visibilizan el dolor de aproximadamente 900 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la lucha contra la impunidad en sitios emblemáticos de desaparición forzada como La Escombrera o La Esperanza y el acompañamiento constante a liderazgos ambientales que protegen el territorio ante la presión de megaproyectos.
El impacto de su compromiso ha trascendido las fronteras nacionales y ha sentado precedentes históricos en el derecho internacional. Además de impulsar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de campesinos de La Esperanza, en 2023 la CJL promovió una querella ante la justicia federal argentina bajo el principio de jurisdicción universal para investigar crímenes de lesa humanidad en Colombia, ampliando los caminos para la justicia cuando persisten barreras internas. De igual manera, su articulación en iniciativas como la campaña: ¿Dónde Están? influyó decisivamente para que el Estado colombiano reconociera la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, mientras que su trabajo técnico con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha logrado proteger 17 sitios de presunta inhumación a nivel regional y nacional.
Su trabajo en contra de la impunidad ha implicado asumir riesgos extraordinarios. A lo largo de su historia, el equipo de la CJL ha enfrentado hostigamientos, amenazas de muerte, inteligencia ilegal, montajes judiciales y estigmatización constante por parte de actores armados y sectores de poder político. Pese a operar en escenarios territoriales hostiles, marcados por la presencia de grupos al margen de la ley y por doctrinas que buscan criminalizar la protesta y la labor de la defensa de los derechos humanos, la Corporación Jurídica Libertad continúa firme en su misión, siendo un símbolo de valentía en defensa de la vida.
Reconocimiento "a toda una vida”
Otorgado al Defensor o Defensora por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia.
Nominada: Luz Marina Hache
Cinco décadas transformando la herida de la desaparición en trinchera de memoria
El 20 de noviembre de 1986, la desaparición forzada de su compañero, Eduardo Loffsner Torres, redefinió de manera irreversible el destino de Luz Marina Hache Contreras. Tras su participación en las luchas del movimiento sindical, Luz Marina transformó la tragedia personal en un pilar colectivo de resistencia al asumir la vocería en Desaparición Forzada del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y la secretaría técnica de su Capítulo Bogotá. Desde entonces, se ha convertido en un canal fundamental para aquellas familias que no acuden directamente a las instituciones por temor, acompañando exhumaciones y entregas dignas desde Bogotá hasta La Guajira y el Cesar. Su labor técnica y política abarca la articulación ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la gestión de medidas cautelares en la Jurisdicción Especial para la Paz sobre lugares emblemáticos como el Cementerio del Sur o la antigua Brigada 20 y la incidencia ante los Ministerios del Interior y Justicia para el reconocimiento de la responsabilidad estatal y la protección de lugares de memoria.
Su liderazgo no solo litiga ante el Estado y la justicia transicional, sino que echa raíces en las aulas y las calles para sembrar memoria en las nuevas generaciones. En el ámbito académico, fue la impulsora de una cátedra en una facultad de sociología sobre el histórico Caso Colectivo 82 , mientras que en los colegios distritales de la capital lidera talleres, murales y siembras durante las Semanas por la Paz. Su compromiso pedagógico busca asegurar que la búsqueda de la verdad no termine con su generación, formando a jóvenes y guiando a otros defensores bajo una práctica activista que entrelaza orgánicamente la denuncia rigurosa, el fortalecimiento comunitario y la incidencia internacional ante espacios como COEUROPA.
Sin embargo, hacer visible la criminalidad estatal en Colombia le ha significado a Luz Marina pagar un costo personal altísimo, marcado por un patrón continuo de amenazas y persecución. Sobreviviente de un atentado contra su vida en el año 2000 que la obligó a exiliarse en Francia por casi dos años, su retorno a Colombia no detuvo la hostilidad. Tan solo en 2020 enfrentó siete amenazas de muerte procedentes de estructuras paramilitares del Bloque Capital, lo que la forzó a un segundo exilio temporal en Cataluña entre 2021 y 2022. A pesar del persistente riesgo de violencia, la estigmatización y las incertidumbres de un contexto político adverso, Luz Marina sigue siendo un sostén irreemplazable para las víctimas de desaparición forzada, encarnando una vida dedicada por entero a evitar que el olvido gane la batalla.
Nominada: Marina Bernarda Pabon
María Pabón: Cuatro décadas de pedagogía, tierra y resistencia popular
Con 60 años de edad y cerca de cuatro décadas dedicadas al activismo, María Pabón encarna la esencia del liderazgo comunitario en el Valle del Cauca. Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos comenzó en la década de 1980 desde las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación, un camino marcado tempranamente por la persecución al ser víctima de detención arbitraria y tortura estatal durante sus años universitarios. Lejos de amedrentarse, en 1989 fundó el Centro Cultural Comunitario Las Colinas (CECUCOL), una organización de educación popular que convirtió la Comuna 18 de Cali en un refugio de dignidad para familias e infancias desplazadas por el conflicto armado, promoviendo los derechos de la niñez y la gestión comunitaria del agua digna.
Su perfil se consolidó tanto en los sectores urbanos marginados como en la ruralidad vallecaucana. Como vocera política de la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, Bernarda transformó las exigencias sociales en logros históricos, liderando la entrega de 1.042 hectáreas de tierras incautadas al narcotráfico en Cerrito y Zarzal a más de 480 familias campesinas víctimas del desplazamiento. Su bagaje organizativo la llevó también a la función pública en los primeros meses de 2026 como coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en el departamento, así como a incidir en informes alternos para el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
Conocida afectuosamente como «La Profe» por las generaciones de líderes que ha formado, su coherencia ética y su voz crítica ante los poderes establecidos le han significado un alto costo de vulnerabilidad. Ha sobrevivido al hostigamiento paramilitar de los noventa, que incluyó un intento de secuestro a sus hijos, a la criminalización mediática y a recientes amedrentamientos por parte de testaferros e identidades armadas ilegales en 2025 y 2026. Pese a las constantes amenazas en un territorio disputado por grupos armados, su principal blindaje continúa siendo la red comunitaria que ayudó a tejer.
Nominado: Ubencel Duque Rojas
Ubencel el cauce humano que abraza la vida y la naturaleza en el Magdalena Medio
Ubencel Duque, nació en Curumaní, Cesar. Su trayectoria se extiende por más de cuatro décadas dedicadas a la defensa inquebrantable de los derechos humanos y la construcción de paz en el Magdalena Medio. Con una sólida formación iniciada en la Pastoral Social de la Diócesis de Barrancabermeja y como cofundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), Ubencel ha caminado junto a campesinos, pescadores, mineros y sindicalistas en al menos 32 municipios. Su liderazgo se consolidó en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), institución en la que ha servido durante sus 30 años de historia y que dirige desde hace 15 años, convirtiéndose en un pedagogo social y un referente ético cuyo lema constante ha sido: “primero la vida”.
Su labor se destaca es su capacidad para entender que la dignidad humana y la paz territorial son inseparables de la justicia ambiental. En una región marcada por las secuelas de la guerra y la explotación de recursos, promovió activamente la restauración ecológica y la protección de ecosistemas estratégicos como la Serranía de San Lucas. Entre sus mayores hitos se destaca haber liderado el proceso social e institucional que logró la acreditación del río Magdalena como víctima del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la articulación del Acuerdo por el Agua. Para Ubencel, defender a las comunidades implica proteger los ríos y bosques que sostienen la existencia de las presentes y futuras generaciones.
Esta entrega incansable le ha significado enfrentar constantes amenazas, estigmatización y hostigamientos por parte de actores armados e intereses económicos que buscan controlar el territorio mediante economías ilícitas. Pese al violento contexto en el que 27 compañeros del PDPMM perdieron la vida a lo largo de los años, su enfoque basado en la escucha, el diálogo y la autoprotección comunitaria le ha otorgado un profundo respaldo social e internacional. Ubencel permanece en el territorio como un maestro y visionario cuyo legado sigue fluyendo para inspirar a las nuevas generaciones de defensores en Colombia.
