Bogotá, 15 de septiembre de 2025 — En el marco de la 14ª edición del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, se dan a conocer los 12 finalistas que serán reconocidos por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la justicia social. El Premio, otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca con el apoyo de la Embajada de Suecia, se entregará el próximo 30 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá.
A continuación, los nombres de los 12 finalistas:
Categoría
Defensor o Defensora del Año:
Aquella persona que por su trabajo desarrollado en el último año es testimonio significativo de la defensa de derechos humanos. La denominación se refiere a trabajos destacados, realizados por una persona, durante el último año.
Jacqueline Castillo Peña
Uno de los principales rostros de la lucha contra la impunidad en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional colombiano en donde personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas para posteriormente presentarlas como guerrilleros muertos en combate. Su hermano Jaime fue una de las miles de víctimas de esa macabra práctica que llevaron a despertar su liderazgo y a conformar la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO).
María Victoria Palacios Romaña
Lideresa trans de Quibdó, Chocó, promueve los derechos de las personas LGBTIQ+ a través de su fundación Latidos Chocó. Su labor se centra en la búsqueda de garantía para el acceso a la justicia, la salud, la educación, así como espacios laborales dignos, con atención diferencial a mujeres trans afro. A pesar de enfrentar amenazas, hostigamientos y ataques armados, su liderazgo ha sido clave para reducir los estigmas hacia las personas diversas en la región. Por su trabajo, ha recibido el Premio Tulipán de Derechos Humanos (2023) y el reconocimiento Héctor Abad Gómez (2024).
Maydany Salcedo
Mujer campesina y defensora del medio ambiente y de los derechos humanos. Por mas de dos décadas se ha encaminado a la defensa de la vida, la tierra y la naturaleza. En su ejercicio de liderazgo, se ha enfrentado al avance descontrolado de la frontera agrícola, a la expansión de los cultivos de uso ilícito, a la contaminación generada por la industria petrolera y a la deforestación. Su trabajo como defensora y líder social lo realiza desde ASINTRACAMPIC, organización que ha desafiado los intereses arraigados en el territorio fronterizo de Piamonte, Cauca.
Categoría:
“EXPERIENCIA O PROCESO COLECTIVO DEL AÑO”
Aquella experiencia colectiva que se destaque por su trabajo de defensa de derechos humanos desarrollado en el último año en dos modalidades.
Se entregarán, por tanto, dos premios en esta categoría: uno a procesos sociales de base y comunitarios y otro a ONGs.
Nivel proceso social comunitario.
Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT)
Su principal anhelo es la aplicación de una verdadera reforma agraria integral y democrática, que resuelva las necesidades de acceso a la tierra, créditos, asistencia técnica, obras de beneficio social e impulso a la empresa campesina. Su lucha es por el respeto a la vida de los habitantes de los municipios que conforman la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander. Sus integrantes defienden derechos de los campesinos, en medio de las disputas y el control territorial que imponen actores armados ilegales.
Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA)
A pesar de vivir en una de las regiones más convulsionadas por el conflicto armado, en San José de Apartadó pervive el sueño de vivir en paz y dignamente. Para ello crearon ACASA, organización que se encarga, de fortalecer espacios comunitarios a su vez que dinamiza los temas de derechos humanos y monitorean la situación en el territorio. Como Asociación, trabajan por la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos, lo que ha conllevado a que sus integrantes sufran amenazas, señalamientos y judicializaciones.
Mesa Ambiental de Jericó
Integrada por familias campesinas, en especial de la zona de exploración minera ubicada en el corregimiento Palocabildo. Su centro de acción es la educación y la movilización ciudadana en la defensa territorial frente proyectos mineros que puedan generar la pérdida de identidad cultural y patrimonial. Por sus manifestaciones y plantones, la empresa minera denunció penalmente a 11 de sus integrantes y la Fiscalía General de la Nación los llevó a juicio, el cual está a la espera de resolución. El caso de los 11 de Jericó ha suscitado solidaridad y ha cobrado relevancia a nivel nacional e internacional por la resistencia de una población campesina frente a megaproyectos extractivos.
Nivel ONG, colectivo u ONG acompañantes.
Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersona Colectivo Cimarronaje Chocó
Combinando estrategias de prevención, formación y trabajo comunitario, el Colectivo Cimarronaje acompaña a víctimas de minas antipersonal en 14 municipios del departamento chocoano, fortaleciendo procesos locales de liderazgo y dinamización con personas, en su mayoría con discapacidad. Su labor enfrenta riesgos constantes como desplazamiento, reclutamiento y extorsiones, por lo que cuentan con medidas de protección. Gracias a su enfoque territorial y alianzas institucionales, han sido reconocidos con el premio CaMINA.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
Creado en 2005, agrupa a más de 200 organizaciones que exigen verdad, justicia y garantías de no repetición para víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento. Ha impulsado la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, visibilizado casos a través de campañas como ¿Dónde están? y denunciado el paramilitarismo como política de Estado. También ha promovido reformas institucionales, memoriales y acciones judiciales como el mural ¿Quién dio la orden? Su labor ha sido blanco de amenazas, hostigamientos y censura.
Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ)
Desde 1993 articula esfuerzos entre comunidades, organizaciones y entidades para construir paz desde los territorios. Ha impulsado procesos de diálogo con grupos armados, acompañado a víctimas del conflicto y promovido normativas como la Ley de Víctimas y el Mandato de los Niños por la Paz. Su programa Memoria Transformadora fortalece liderazgos y exige verdad, justicia y reparación. Ha sido blanco de amenazas y seguimientos. Su labor ha sido reconocida por el Congreso, concejos municipales y la Unidad de Víctimas por su aporte a la defensa de los derechos humanos.
Categoría: RECONOCIMIENTO “A TODA UNA VIDA”
Otorgado al Defensor o Defensora por su valor, perseverancia y presencia en la defensa de derechos humanos, con mínimo 30 años de trabajo en Colombia.
Luis Emil Sanabria Durán
Defensor de derechos humanos y cofundador de REDEPAZ, organización con presencia en más de 20 departamentos. Fue uno de los impulsores del Mandato Ciudadano por la Paz, que en 1997 recogió más de 10 millones de firmas por una salida negociada al conflicto armado. Ha liderado procesos de participación ciudadana, pedagogía para la paz, diálogo social y protección de comunidades en riesgo. Su trabajo ha incluido acompañamiento a víctimas, denuncia de violaciones de derechos y acciones de resistencia civil. Ha sido objeto de amenazas y hostigamientos por su defensa del diálogo, la desmilitarización y la reintegración de excombatientes.
Hermana Cecilia Naranjo Botero
Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, ha acompañado por décadas a comunidades víctimas del conflicto armado. Promovió la educación inclusiva en Manizales y participó en movimientos campesinos en Santander durante el gobierno de Turbay Ayala. Fue señalada y expulsada de la diócesis, lo que la obligó a exiliarse en 1980. A su regreso, se integró a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), donde apoyó procesos de retorno y Zonas Humanitarias en el Bajo Atrato y el Pacífico. En 2022 publicó el libro Caminantes del amor eficaz para sembrar vida, que recoge sus memorias.
Jesús Javier Dorado Rocero
Defensor de derechos humanos en Nariño. Inició en los años 90 en procesos organizativos sociales del Pacífico nariñense. Fue directivo del Sindicato del Magisterio (SIMANA) y ha liderado el Comité Permanente para los Derechos Humanos de Nariño desde 2006, promoviendo la defensa de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la documentación de violaciones. Ha ocupado cargos en comités de derechos humanos y paz y acompañó activamente el estallido social de 2021. En 2023, el Estado fue condenado por violaciones en su contra y actualmente es beneficiario de medidas de protección ordenadas por la CIDH.
